Y ahora, la 'nación vasca'

De hecho, el acuerdo no deja de ser un nuevo ejemplo de sometimiento de la vigente Constitución a exigencias cuasi confederales y de forzosa bilateralidad que superan con mucho el actual marco de legalidad respecto al modelo de Estado, al sistema político, o a la transferencia al País Vasco de competencias exclusivas de la Administración central, imponiendo para ello hasta los plazos y la agenda del propio presidente del Gobierno. La capacidad de sumisión del PSOE a cambio de los escaños necesarios es máxima. Ahora queda la incógnita del precio a pagar a Bildu. Sólo se sabe que también votará 'sí', pero no consta a cambio de qué privilegios. Y plantear la teoría de que lo hace de modo gratuito y desinteresado resulta de una ingenuidad insultante. El PSOE sabrá por qué oculta lo pactado con Otegi, pero desde luego es una muestra de desprecio a su propio electorado y a todos los ciudadanos, dados los antecedentes de Bildu como sostén político de ETA durante años.

Ejemplos de cesiones con visos de inconstitucionalidad son la transferencia de la gestión de la Seguridad Social, o una legislación laboral propia radicalmente diferente, por cierto, a la que el PSOE ha pactado con Sumar. El tiempo y la negociación técnica determinarán hasta qué punto se tensionan –o rompen– el principio de 'unidad de caja' o la igualdad laboral en España. Pero en cualquier caso, ni siquiera había pasado la mañana desde que PSOE y PNV presentaran el documento, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya matizaba, e incluso rectificaba, su literalidad. Dijo que veía esa transferencia «difícil» y que «no hay nada específico». Y es extraño, porque los nacionalistas sí lo dieron por hecho. Ya el jueves, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, hizo lo mismo respecto a Junts. El PSOE avalaba debatir sobre comisiones de investigación contra jueces señalados como promotores de 'lawfare' o persecución judicial injustificada a los separatistas, pero Cerdán se afanó en negar lo que era evidente, lo que constaba por escrito, y lo que él mismo había firmado. La diferencia con Montero es que tardó diez horas en hacerlo. La ministra sólo necesito tres para desmentirse. Habrá investidura, pero la legislatura amenaza a Sánchez con ser incierta, sobre todo si el PSOE dice una cosa y su contraria continuamente sin saber a qué relato real atenerse, ni el alcance real de lo que ha suscrito y de esta compraventa de escaños.